La Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad de Tarapacá (UTA) está pidiendo al gobierno que el “Bono de Zonas Extremas” sea entregado de forma individual a cada trabajador, tal como sucede con los demás funcionarios de los servicios públicos y municipales. En la actualidad, este beneficio se otorga como un monto total a la UTA que debe dividirlo entre 990 empleados, a diferencia de 2009 que lo hacía entre 764 funcionarios.

La información la entregó la directiva gremial que lidera, Hilda Silva junto al vicerrector de Administración y Finanzas, Álvaro Palma, en una reunión que sostuvieron con el subsecretario de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas en la que participaron los senadores José Miguel Durana y José Miguel Insulza quienes han estado efectuando gestiones en favor de los trabajadores de la Casa de Estudios Superiores.

Explicaron que por la ley 21.094 pasaron a 220 funcionarios (administrativos, auxiliares y vigilantes) de honorarios a contrata, lo que significó una caída de 122 mil pesos para cada trabajador, entre 2019 y 2020, resintiendo inmediatamente sus ingresos, ya que para muchos de ellos el bono representaba casi dos sueldos al año. Por tanto, quienes se han visto más afectadas son aquellos con menores ingresos y, en ese sentido, el gremio universitario está luchando por revertir esta situación.

Otra de las problemáticas planteadas en la reunión telemática fue la “Asignación de Zona” que otorga el Estado, calculando un 56% sobre el sueldo base de cada empleado público de las regiones extremas, pero que excluye y discrimina a los funcionarios universitarios. Por ende, es la Universidad de Tarapacá que hace uso de recursos presupuestarios propios para atender esta política estatal que debiera incluirse en el presupuesto de la Nación. Sólo en 2021, esta asignación especial costará al plantel 4.400 millones de pesos.

El subsecretario dijo que desconocía estos hechos que afectan a los trabajadores universitarios de zonas extremas, por lo mismo, ofreció sus buenos oficios para gestionar el presupuesto con el Ministerio de Hacienda, afirmando la importancia geopolítica de las universidades estatales que funcionan en regiones extremas. Explicó que aún cuando están en contra del tiempo es de toda justicia plantearlo y buscar una solución que no siga afectándoles. 

Por su parte, el senador Durana destacó la necesidad de visibilizar esta discriminación que afecta a los trabajadores de la Universidad de Tarapacá y a los demás planteles de regiones extremas, por lo que espera que pueda revertirse en la discusión del presupuesto de la Nación del año 2022. “No es posible que no se les reconozca la condición de funcionario público y se les discrimine, afectando su presupuesto y estabilidad laboral”. 

El senador Insulza dijo que esta situación ocasiona un daño a la enseñanza y a la investigación porque se trata de más de $4.000 millones solo por concepto de estas asignaciones. “El subsecretario nos encontró toda la razón y quedamos de hacer los trámites necesarios, pero es un tema que debemos pelear, no solo en la discusión de la Ley de Presupuestos, sino en todas aquellas normas que fijan los reajustes de la administración pública”.