Mientras se investigue la conducta constitutiva de eventuales delitos, en que habría incurrido el abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica (CAJTA), el abogado, Mauricio Vega, el senador, José Miguel Durana, solicitó que el funcionario público sea apartado de sus funciones.

El parlamentario hizo la denuncia en el Congreso, señalando que el abogado emitió un documento de carácter oficial -sin serlo- una “DECLARATION” extendida en idioma inglés con fecha 1 de octubre de 2018 haciendo el uso del logo institucional y en representación de CAJTA y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esta información que alude al proceso de restitución de dos menores fue presentada en una Corte Norteamericana en California, sin contar con autorización ni visación de nuestro país para ello, afectando al ciudadano ariqueño Osvaldo Javier Vergara Astorga quien tenía al cuidado a sus hijos.

El legislador agregó que esta documentación fue empleada en un proceso judicial ventilado ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos siendo considerada como documento oficial emanado del Estado de Chile y por tanto, no fue cuestionado.

“Lo peor es que influyó en la decisión adoptada por dichos tribunales lo que se tradujo en la pérdida del juicio del ciudadano chileno y en la imposibilidad de visitar a sus hijos que él había criado de manera esforzada, desde pequeños, tanto en Estados Unidos como en Chile”, dijo el senador José Miguel Durana.

En este mismo sentido, Durana indicó que, junto con tomarse el nombre del país en la elaboración de un documento, el abogado Vega, argumentó que los menores fueron entregados ante el Juzgado de Familia de Arica en un vehículo fiscal, sin embargo, esta acción se descartó al revisarse las bitácoras de los autos.

Aquejado por estos hechos y alegando falsedad en el contenido de la documentación realizada por Vega, el ciudadano ariqueño realizó la denuncia al director regional de CAJTA solicitando explicaciones ante el actuar del funcionario público.

Ante la eventual comisión del delito sobre la base de los hechos, la directora general de la Corporación de Asistencia de Judicial, Carolina Fernández, junto al director regional, Rodrigo Fuentes, colocó los antecedentes en el Ministerio Público, siendo enviados a la fiscal regional, Javiera López, al objeto de que se investiguen los hechos denunciados.