Tras recibir varias denuncias por tomas ilegales de terrenos fiscales en Arica, el senador José Miguel Durana pidió a la Sala del Senado se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales para que entregue un catastro de estos casos, como también solicitó se informe de las acciones que se están tomando para restituir estos sitios y evitar futuras tomas.
“En marzo de este año conocimos que la Corte de Apelaciones falló a favor de 100 familias que se habían tomado un terreno fiscal en el sector de Quebrada Encantada en Arica, pese a que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, había notificado a los usuarios el desalojo”, mencionó.
Agregó que, en el mes de junio de 2020, el municipio local se hizo presente en una toma de terreno del sector costero norte, por el daño ambiental irreparable que esta pudiera causarle al humedal del río Lluta, una zona que con el Plan Regulador será un área protegida por las especies que cohabitan en el lugar, ocasión en que solicitaron ayuda gubernamental.
Recordó también que la Seremi de Bienes Nacionales también se dispuso a restituir más de 400 hectáreas de terrenos fiscales ocupados de manera ilegal en el sector de Pampa Dos Cruces, camino conocido por unir a los valles de Azapa y Lluta, además de la conexión por ruta A-19 que conecta con la Ruta 11 CH camino al Altiplano.
“Parte de esas tierras están reservadas para la conservación de especies únicas en Chile, endémicas como la Tilandsia Marconada o Clavel del Aire, además del Lagarto de Poconchile, por lo que esa toma afectaba al ecosistema del sector”, puntualizó el legislador en horas de incidentes en la Cámara Alta.
Sostuvo que, de acuerdo con antecedentes recopilados, en general, los terrenos están demarcados con cercos divisorios por organizaciones u agrupaciones, con metraje no inferior a 5.000 metros cuadrados, otros presentaban viviendas menores, pero el rasgo común, es el cierre con palos y mallas, destinados al cultivo, la vivienda o simplemente hacerse de una propiedad.
“Lo que preocupa es que, en estas intervenciones efectuadas por las autoridades, muchos ocupantes declaran haber sido engañados por terceros, en actos que involucraron dinero a cambio de la propiedad, entonces se debe investigar quienes están dedicados a realizar estos ilícitos”, precisó el parlamentario ariqueño.
Finalmente, lamentó que no son hechos aislados, porque hay cientos de denuncias en redes sociales que surgen de la proliferación de tomas en terrenos fiscales e incluso la venta ilegal de los mismos en diversos sectores de Arica, en Las Llosyas y en los valles de Azapa y Lluta, por nombrar algunos sectores.
“En 2020, el Ministerio de Bienes Nacionales, entregó un catastro de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales que llegaban a 14 mil 256 a nivel nacional, lo que significa un aumento de 2,1% en comparación a las cifras de ocupaciones catastradas a diciembre de 2019 con 13.957 casos”, agregó.