El senador, José Miguel Durana, expresó su preocupación por las modificaciones introducidas por la oposición al proyecto de Ley de Migraciones en las Comisiones de Derechos Humanos y Hacienda del Senado, afirmando que crean la figura de “turismo laboral” y fomentan la inmigración ilegal, a través del “efecto llamada”, incidiendo directamente sobre nuestra región bifronteriza.

Con estas modificaciones, explicó el legislador, los extranjeros podrán pedir una especie de permiso de turismo al ingresar que los autorizará a buscar trabajo, algo muy similar a lo sucedido a contar de 2015, cuando ingresó casi un millón de personas, 90% de las cuales lo hizo en calidad de turista quedándose en Chile, pero en precarias condiciones, dificultando su inclusión y regularización.

En este sentido, el parlamentario dijo que entre los años 2016 y 2019 hubo un desplazamiento en el empleo de chilenos sin educación superior, donde los nacionales perdieron 250 mil empleos, y los extranjeros obtuvieron 280 mil, situación que hoy podría empeorarse, si se considera que hay más de 3 millones de chilenos que en estos meses han perdido su fuente laboral, por efectos del estallido social y la pandemia.

“Estamos en medio de una crisis económica y social mundial, producto del Covid-19 y como efecto post pandemia, habrá una presión migratoria sobre Chile que se estima en 500 mil extranjeros, principalmente de Sudamérica, que vendrán buscando mejores oportunidades de vida. De aprobarse la indicación del turismo laboral, nuestras fronteras y ciudad colapsarán porque permitirá a los extranjeros pedir una especie de permiso de turismo que les autoriza a buscar trabajo”.

La otra indicación al proyecto que preocupa al senador es el “efecto llamada” que permite a los extranjeros que se encuentren en situación irregular o tramitación de residencia pendiente, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados, dentro del plazo de 90 días, contados a partir de la promulgación de la ley, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados.

Según explicó el parlamentario gremialista, cualquier extranjero que ingrese a Chile, aunque sea irregularmente, podrá regularizar su situación por un plazo de hasta 90 días, desde que entre en vigencia de la ley, generando un incentivo perverso en los cuales se podría someter al migrante a potenciales abusos y tratos poco dignos.