Como un “balde agua fría” calificó el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), la decisión de la comisión mixta de Economía de no otorgar la unanimidad para reabrir el debate y revisar una norma que modifica la ley de protección al consumidor y perjudica tanto a consumidores y proveedores, sin que a nadie le importe.
El legislador, miembro de la Comisión de Economía dijo que la indicación del diputado Karim Bianchi impide a las empresas del retail ofrecer descuentos asociados a las tarjetas de pago administradas u operadas por el mismo proveedor; por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro, perjudicando a los consumidores a decidir libremente, la forma de pago para acceder a descuentos especiales.
Recordó en Chile hay 40.4 millones de tarjetas emitidas, lo que en promedio significa que hay 2.2 tarjetas por habitante, por lo que la conducta que se busca sancionar constituye un mecanismo legítimo para fidelizar y captar clientes generando una sana competencia y beneficiando a las casas comerciales de menor tamaño quienes también pueden ofrecer beneficios y descuentos adicionales a sus clientes.
“En algunos casos, la utilización de las tarjetas trae progresivamente más beneficios para los consumidores que ven en ellas una opción de pago a mediano y largo plazo, por lo que eliminar su uso a quienes quieran comprar y acceder a descuentos y ventajas, me parece simplemente irresponsable”, advirtió el senador José Miguel Durana.
Sostuvo que se trata de un verdadero atentado a la economía de nuestros compatriotas y al desarrollo e innovación del mercado de pagos electrónicos, por lo que solicitará al Presidente de la República formular un veto supresivo de este artículo porque el país no está en condiciones de disminuir los incentivos al desarrollo de los medios de pago electrónicos y restringir el acceso a financiamiento para los consumidores.
Finalmente, el parlamentario de la UDI enfatizó que se trata de una norma que «no beneficia a nadie y simplemente perjudica a todos”, calificándola como un atentado a la libertad que tienen las personas para adquirir distintos bienes a un precio más bajo y tomar sus propias decisiones económicas.