Desde el Congreso en Valparaíso, el senador José Miguel Durana calificó como un hecho histórico que luego de 20 años de un concienzudo trabajo mancomunado entre investigadores, académicos, el Estado y diversos actores de Arica y Parinacota para preservar la excepcional Cultura Chinchorro diera sus frutos y fuera reconocida como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.

“Con orgullo podemos decir que en nuestra región es el segundo reconocimiento que obtenemos por parte de la Unesco, luego del Qhapac Ñan, hechos que nos llenan de satisfacción y nos insta a seguir potenciando la senda del valor y conservación patrimonial al mismo tiempo que nos impone desafíos como región”, precisó el legislador.  

Agregó que Arica y Parinacota tiene una diversidad cultural milenaria que se ha visto enriquecida, en los últimos años, con la integración a nuestra comunidad de personas provenientes de otras nacionalidades lo que deriva un crisol de manifestaciones culturales que se suma a la riqueza existente en la región. 

“Por lo mismo, estimo pertinente que las diversas manifestaciones culturales deben ser objeto de protección constitucional en la Nueva Carta Magna, en especial las que constituyen patrimonio inmaterial e intangible de las regiones como la nuestra que hoy da cátedra en materia de conservación y preservación mediante la Cultura Chinchorro”, mencionó Durana.

Un llamado a las autoridades bolivianas para que faciliten las tratativas comerciales entre el Puerto de Arica y la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), hicieron los senadores de Arica y Parinacota, José Miguel Durana y José Miguel Insulza, tras conocer que la empresa pública del vecino país suspendió unilateralmente el pasado 6 de julio las reuniones con el Puerto, cuyo fin era acceder a descuentos tarifarios para 22 servicios a la carga de importación boliviana.

Al respecto, Durana indicó que “no parece lógico que mientras el Puerto de Arica expresa toda su voluntad para facilitar un nuevo acuerdo, por otro lado, la ASP-B abandone las reuniones y no cumpla su promesa de volver a Arica a negociar sus descuentos. Esperemos que esta actitud, no sea parte de una estrategia para generar un conflicto artificial de tipo bilateral. Las tratativas deben seguir enmarcándose en el ámbito comercial, tal como se hizo en el año 2019”.

En este sentido, el parlamentario mencionó que es necesario que el Gobierno boliviano deje atrás su visión de resentimiento contra Chile, ya que eso impide avanzar en materias comerciales, culturales y sociales. “Esperemos que con el Puerto de Arica, no ocurra lo mismo que sucedió con el Ferrocarril de Arica a La Paz en mayo pasado, donde el Gobierno del Presidente Luis Arce suspendió unilateralmente la prueba técnica del tren con carga de su país. Esa decisión frenó la posibilidad de reactivar este modo de transporte, el mismo por el cual nos han acusado en foros internacionales de no reactivarlo”.

Finalmente, el legislador hizo un llamado al Gobierno boliviano a reanudar las negociaciones lo más pronto posible. El Puerto de Arica es gravitante en el desarrollo del comercio exterior boliviano. En pandemia, ha crecido en su movimiento de carga, pese a los intentos de Bolivia de promover otros puertos. Las tarifas y servicios más convenientes y eficientes los tiene Arica, pero no se puede pretender que tengan costo cero, porque detrás de ello hay inversiones y empleos que solventar.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza expresó la necesidad de que la ASP-B retome con urgencia las negociaciones con el Puerto de Arica, “especialmente porque el acuerdo tarifario vigente y que ellos mismos firmaron en octubre de 2019, vence el 4 de agosto próximo. No creo que quieran propiciar un conflicto como el que se produjo hace 2 años, al negarse a negociar”.

Agregó que “el Puerto de Arica ha realizado un intenso trabajo que ha beneficiado directamente a la carga boliviana, con incentivos tarifarios a la fluidez de la carga, mejoras en la infraestructura para traer naves más grandes, programación eficiente del transporte carretero, disminución de las horas de cierre de Puerto por marejadas, y la incorporación de tecnología en las operaciones”.

El legislador afirmó que -es de toda lógica- que las negociaciones tarifarias se realicen en el Puerto de Arica, “ya que las operaciones portuarias se realizan en el terminal marítimo, no en la ciudad de La Paz en Bolivia. Es muy provechoso e ilustrativo tener la posibilidad inmediata de ingresar al Puerto, en caso de que se produzcan dudas mientras se efectúan las conversaciones. Es de esperar que Bolivia entienda esto y comprenda que en el Puerto de Arica hay un ánimo de dar facilidades a su comercio, pero bajo una razonabilidad comercial como ocurre en todos los puertos a nivel mundial”.

El Senado aprobó la tarde de este martes el proyecto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores solicite al gobierno sueco el traslado definitivo de los residuos peligrosos depositados en Arica entre 1984 y 1985, provenientes de Skellefteå y otros lugares, a fin de que estos sean tratados en Suecia, y se logre el íntegro saneamiento ambiental del Sector F.

Según explicó el senador José Miguel Durana la iniciativa fue respaldada por unanimidad en la Cámara Alta, por lo que espera que el Ejecutivo articule en el más breve plazo con el país europeo esta anhelada demanda ciudadana de más de tres décadas que fue llevada hasta el Congreso Nacional en donde tuvo eco de todo el Senado. “Agradezco que todos los legisladores se hayan cuadrado con esta solicitud” dijo el parlamentario.

En este mismo sentido, mencionó que están pidiendo también iniciar las gestiones diplomáticas para conseguir asistencia médica especializada a las familias víctimas de la contaminación ambiental en Arica, porque si bien se promulgó la Ley 20.590 para que nuestra ciudad contara con un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales, se está al debe con los especialistas.

El pasado 23 de junio en el hemiciclo del Senado, el parlamentario ariqueño expuso esta situación, luego de que el gobierno de Suecia expresara su predisposición a reparar la situación de contaminación por polimetales, dada la exhortación que le realizara Naciones Unidas, pese a no tener, hasta ahora, una petición formal por parte del Estado de Chile.

“Solicité en esa instancia, se oficiara a los Ministerios de Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Bienes Nacionales, a los efectos de que nos remitan copia de la respuesta que el Gobierno ha enviado al requerimiento efectuado por los relatores de Naciones Unidas ya que hasta la fecha se desconoce en la región de esta situación”, precisó Durana.

Tras 32 semanas consecutivas de alza en el valor de los combustibles, el senador, José Miguel Durana, comprometió su voto a favor del proyecto que rebaja un 50% del impuesto específico a los combustibles que fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Explicó que el impuesto a los combustibles es un tema que genera debate debido al fuerte impacto que este tributo tiene en el bolsillo de las familias y en el presupuesto de las empresas y de los transportistas mayores y menores que son importantes consumidores de combustibles.

“También debe considerarse a las pymes que durante la pandemia se reinventaron implementando la modalidad de delivery para no desaparecer, por lo que espero que exista un apoyo transversal a esta iniciativa y se legisle en favor de los problemas que realmente tienen los chilenos”, precisó Durana.

Detalló que el litro de la bencina de 93 octanos supera los $1.000 en algunas regiones, producto de un precio internacional del petróleo disparado, en línea con el resto de las materias primas, apoyado por la recuperación de la economía mundial en medio de la crisis provocada por la pandemia.

Por lo mismo, mencionó que el Estado puede hacer una reforma tributaria para mejorar los ingresos, pero no con cargo a este impuesto específico que sube demasiado el valor de los combustibles, afectando al bolsillo de millones de familias chilenas.

“Llevamos más de un año y medio en pandemia, a causa del Covid-19 con todo lo que ello ha implicado como la pérdida de miles de fuentes laborales y, por ende, esta alza que ya lleva 8 meses sólo viene a perjudicar más la situación socioeconómica del país”, precisó el legislador gremialista.

La idea de legislar este proyecto ya fue aprobada con 5 votos a favor y 3 en contra, por lo que los parlamentarios tendrán hasta el 23 de julio para presentar indicaciones y proceder con su discusión en particular. Si se aprueba en esta instancia, pasará por el Senado. “Llamo a todos mis colegas a aprobar esta iniciativa”, emplazó el senador José Miguel Durana.

El senador José Miguel Durana valoró que el Gobierno anunciara que corregirá un error en el marco de la ley que otorgó un Bono de Alivio a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de $ 1 millón, ya que se estaba dejando fuera al sector de los transportistas de pasajeros, como los taxis, colectivos, transporte escolar y los taxi buses.