Lista para su firma y promulgación por parte del Ejecutivo quedó el proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático, luego que el Senado aprobara por unanimidad y de manera transversal la iniciativa que es la primera de este tipo en América Latina.

Según explicó el senador José Miguel Durana, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta donde se estudió y perfeccionó esta norma desde el año 2020 a 2022, la iniciativa regulará la nueva institucionalidad del sector público y privado.

En el caso de la región de Arica y Parinacota, el legislador mencionó que con este proyecto se benefician los humedales; el Parque Nacional Lauca y la Reserva Las Vicuñas y todo lo que dice relación con el medio ambiente como las aguas subterráneas compartidas con Perú en la frontera.

En este sentido, precisó que es de extraordinaria importancia que se remitan los planes estratégicos de recursos hídricos que involucran las zonas transfronterizas a la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La defensa de nuestros recursos hídricos frente al abuso y sobrexplotación que se desarrolla en territorio peruano, constituye un hecho que no puede permanecer ajeno en la formulación de cualquier política ambiental que se implemente en la región”, aseveró el senador Durana Semir.

Esta nueva ley, que ahora solo debe ser promulgada por el Ejecutivo, contiene una serie de instrumentos de gestión, pero el principal de ellos es precisamente la definición de una meta de carbono neutralidad al año 2050 para Chile.

Además, traza objetivos claros para la resiliencia y la adaptación del país al cambio climático; incorpora el concepto asociado a la seguridad hídrica, relevando las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad del país, teniendo en consideración la grave sequía que enfrenta.

Del mismo modo reconoce los principios de no regresión y de progresividad, los cuales son claves para poder avanzar con la determinación en la acción climática y evitar cualquier retroceso; y pone al Ministerio del Medio Ambiente como la autoridad técnico-normativa en materia de cambio climático, dándole nuevas atribuciones tanto en su sector como en otros ministerios.