Con demandas de cerca de tres décadas llegaron los dirigentes de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Arica (APIA) y de Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica (AGIMA) hasta la Subsecretaría de Bienes Nacionales (BBNN) acompañados del senador, José Miguel Durana que gestionó el encuentro.
En la reunión fueron recibidos por la subsecretaria de la cartera, Alejandra Bravo y su equipo jurídico, a quienes le plantearon que por casi 30 años luchan por la regularización de sus terrenos ya que no cuentan con la recepción final de sus instalaciones y por ende, no pueden acceder a las patentes para su funcionamiento, afectando así sus procesos productivos y empleabilidad.
Pablo Poblete, presidente de AGIMA recordó que les entregaron cuarenta paños de terrenos baldíos; llenos de socavones y basurales en el barrio industrial de Arica, los cuales fueron limpiados, aplanados, construidos y urbanizados por sus mismos asociados, pequeños empresarios, algunos de los cuales alcanzaron a comprarlos.
“Los demás íbamos a adquirirlos en el primer gobierno de Bachelet, pero se destapó el tema de la contaminación por polimetales en el sector por lo que se paralizó la venta e intentaron erradicarnos, sin embargo, años después esa medida se descartó y nuevamente nos ilusionamos con regularizar y transformarnos en dueños, lo cual aún no se concreta”, precisó el dirigente.
Añadió que diversas trabas puestas por el aparataje público y por ende, amenazas de desalojo han dilatado su adquisición, por lo que debieron acudir a realizar una presentación a la Contraloría General de la República que falló a su favor con un dictamen en agosto de 2016, no obstante, hasta la fecha aún no todos los pequeños industriales pueden regularizar su situación ante el Ministerio de Bienes Nacionales.
“Ese dictamen ha permitido venderles sólo a algunos asociados con precios dispares, sin embargo, otros hemos sido discriminados, por lo mismo, acudimos a pedir ayuda a ambos senadores de la región para que nos apoyaran a nivel nacional, porque existe mucha burocracia que ha dilatado nuestra solución definitiva. Agradezco a ambos legisladores”, dijo Poblete.
Tras lo expuesto, la subsecretaria de Bienes Nacionales comprometió sus buenos oficios para evitar el desalojo de quienes aún permanecen como irregulares y que han sido conminados a dejar el sector, mientras se resuelve su situación como, asimismo, dijo que se reunirá con la Contraloría General para analizar en detalle el dictamen emanado junto a su equipo jurídico.
En la actualidad son aproximadamente 50 socios, pequeños empresarios de APIA y AGIMA que se encuentran afectados por la falta de regularización, dedicándose a maestranzas pequeñas, talleres de estructuras metálicas, fábrica de parabrisas, metalúrgica y diversos servicios.