Representantes de la comunidad de Socroma, se reunieron con el senador, José Miguel Durana, en su oficina parlamentaria, para solicitarle que realice gestiones en el nivel central para que se derogue el decreto mediante el cual el Ministerio de Bienes Nacionales destinó tierras ancestrales al Ejército para ejercicios militares.

Acompañados por los consejeros regionales, Ximena Valcarce y Diego Paco, los socoromeños explicaron que la Corte Suprema acogió el recurso presentado por la Comunidad Indígena Aymara Chucuruma en contra del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de Defensa Nacional ordenando la suspensión de los efectos del Decreto Exento Nº 215 de 5 de julio de 2017.

La medida judicial se adoptó por hallazgos arqueológicos en los terrenos correspondientes a 8 mil 700 hectáreas ubicadas en Pampa Campanane, en las cercanías del kilómetro 6.5 de la Ruta A-145 de Arica, en donde se suspendió temporalmente su uso, en tanto, los militares implementen todas las medidas que resulten necesarias para la eficaz protección de los restos arqueológicos.

Irene Marka, dirigente de la comunidad dijo que desde el año pasado han tocado varias puertas, sin buenos resultados, por lo mismo, están solicitando al parlamentario oficialista que realice todas las gestiones que sean necesarias para que se revierta esta destinación que hizo el gobierno anterior.

En la oportunidad, el parlamentario UDI les comentó que ya se había reunido con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, para abordar esta temática y que solicitará una reunión con el Ministerio de Bienes Nacionales para pedirle que destine un lugar distinto para que loso militares efectúen sus maniobras y entrenamiento sin afectar tierras ancestrales de la comunidad indígena.

El consejero Diego Paco, representante de Parinacota, mencionó que es necesario corregir esta situación porque los terrenos se encuentran dentro del territorio ancestral de la comunidad aymara de Socoroma los cuales serían ricos en vestigios arqueológicos, además que por afectar de manera directa los intereses de una comunidad indígena, su destinación debió ser sometida a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.