Además de la extensión del Estado de Excepción Constitucional, el senador José Miguel Durana mencionó que se requiere contar con medidas adicionales que permitan recuperar la tranquilidad de la ciudadanía que vive en la zona norte la que producto del fenómeno migratorio ha visto alterado su diario vivir al no contar con herramientas para enfrentar el drama humanitario que implica la gran cantidad de migrantes presentes en nuestras ciudades.
Precisó que hace unos días, en un medio nacional, el Fiscal Regional de Arica señaló que, entre los problemas que acarrea el fenómeno migratorio, está el de las tomas de amplios terrenos en Arica, especialmente en el sector de Cerro Chuño, que es donde se encontraban las casas contaminadas con polimetales, generándose un foco de delincuencia muy grande que necesita de medidas complementarias en salud y mayor dotación de personal policial para ser controlado.
“La situación es compleja y hay otros problemas que no necesariamente se hacen públicos, como la cantidad de cadáveres que tienen copado el Servicio Médico Legal de Arica, debido a que en su mayoría son ciudadanos extranjeros y no es posible identificarlos y en muchos casos, no existen familiares para retirarlos y el gobierno venezolano, claro está, no da una respuesta oportuna que permita su individualización, por lo que los cadáveres se están trasladando a Antofagasta”, afirmó Durana.
Por otra parte, mencionó que debemos enfrentar el hecho de que las expulsiones de ciudadanos extranjeros condenados, no se realiza de manera fluida y las nuevas autoridades regionales, de acuerdo a lo informado por el Fiscal Regional, no están aceptando o tramitando la realización de los decretos de expulsiones, traduciéndose en la práctica en que los tribunales los dejan en libertad, pese a sus condenas, en espera de la expulsión respectiva.
“Es claro que este es un problema gravísimo, puesto que se trata, en muchos casos de delitos con penas importantes. Sumado a lo anterior, la reconducción de ciudadanos extranjeros realizada por nuestro país, en las últimas semanas ha sido rechazada por Bolivia y esto provoca que una gran cantidad de extranjeros se encuentre en la frontera en condiciones humanitarias deplorables y ello motiva a ser un llamado al gobierno para que se realicen esfuerzos con los países vecinos”.
En este contexto, el parlamentario precisó que es inentendible que el gobierno haya retirado de Contraloría, por requerimiento de la Subsecretaria del Interior, el Decreto Supremo N°33 que establecía subcategorías migratorias de residencia temporal. “El retiro del Reglamento destinado a aplicar la nueva ley de migración a los residentes temporales es una decisión que solo prolonga la crisis y transmite una mala señal respecto a los ingresos irregulares, el orden, la seguridad, y tranquilidad de los habitantes de la zona norte”.
Por lo mismo, el legislador gremialista señaló que tal como lo comprometió el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve -la semana pasada en el Senado- llegue en las próximas horas a la macrozona para que dé a conocer la política pública anunciada para el control fronterizo y el combate del crimen organizado.