Aprovechando la abundante radiación solar natural existente en la región, como soporte energético, se cultivan camarones de río (Cryphiops caementarius) y truchas arcoíris Oncorhynchus mykiss) en el poblado de Camarones, con la finalidad de potenciar el desarrollo socioeconómico de la zona, a través de la generación de condiciones óptimas del agua del río debido a su alto contenido de arsénico.

Utilizando tecnología para el tratamiento solar de agua, se lleva a cabo la práctica de la acuicultura en un sistema de recirculación que permite eliminar el arsénico mediante reacción foto-química y permitir de esta forma, aumentar la capacidad de la producción, cultivo y engorda de estas especies acuáticas del valle.

La iniciativa del Centro de Investigación en Energía Solar (SERC Chile) fue financiada por Ayllu Solar por más de 409 millones de pesos y el aporte de la Cooperativa Acuícola y Agroindustrial de Camarones “Acuisol” fue visitada por el senador, José Miguel Durana y la consejera regional, Ximena Valcarce, junto a autoridades gubernamentales.

“Se trata de desarrollo sostenible que, utilizando recursos solares para mejorar la calidad de las aguas naturales de Camarones, en el cultivo de estas especies, producirá energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos para el funcionamiento del sistema acuícola”, afirmó el legislador recalcando que es un verdadero hito y lujo en la región que además de generar empleabilidad, permitirá potenciar el fomento productivo.

Javier Díaz, presidente de la Cooperativa ACUISOL integrada por socios de las localidades de Maquita, Taltape y del poblado de Camarones que hoy está a cargo de la conducción de este proyecto, comentó que comenzaron hace tres años como organización y que Ayllu Solar fue quien los convocó para llevar adelante esta iniciativa única en Chile.

“Es algo totalmente innovador que nos permitirá enfocarnos también en el turismo. La idea es comercializar nuestros camarones y truchas en el mercado adyacente, en una primera instancia y dependiendo de nuestras producciones, ojalá, exportar y como Cooperativa, seguir creciendo y desarrollando otras oportunidades de negocio que fortalezcan a nuestros vecinos”, dijo el dirigente.

La directora regional del proyecto Ayllu Solar, la doctora, Lorena Cornejo, explicó que buscando desarrollar la energía solar en la región, SERC Chile se unió a la Fundación BHP Chile, desde donde nacen varias iniciativas solares importantes para la región, mediante Ayllu Solar que, inició su trabajo con mucho terreno, diálogo y co-construcción con los pobladores de diversas localidades de Arica y Parinacota.

“En Camarones, sus habitantes nos plantearon que era necesario tratar el agua para cultivar las especies existentes como son los camarones y truchas y así nace este proyecto fotovoltaico y acuícola de forma asociativa con Acuisol que hoy lo lleva adelante, luego de un arduo trabajo mancomunado que ya está en marcha”, precisó la doctora.

El proyecto de ley que modifica la Ley No. 17798, sobre control de armas y que tiene por objeto fortalecer la institucionalidad en esta temática, constituye una materia particularmente delicada por los distintos efectos que su tenencia legal tiene sobre la población, afirmó el senador José Miguel Durana, tras iniciarse su debate en particular en la Cámara Alta.

El parlamentario sostuvo que es importante que las condiciones de seguridad se mejoren con esta iniciativa, agregando que será importante la coordinación que exista entre las diversas instituciones involucradas de tal forma de no duplicar esfuerzos en el control de las armas entre Carabineros, la PDI y la Dirección General de Movilización Nacional.

“Es necesario que se establezcan mecanismos de control que sean equilibrados entre la eficiencia y la legitima tenencia de armas, como lo es en el ámbito de la práctica deportiva, los museos o la tenencia de la legítima defensa personal en su domicilio”, mencionó el legislador gremialista que representa a Arica y Parinacota.

Dijo además que es importante destacar el control que realiza la norma porque complementa la descripción de dispositivos cuya tenencia, posesión o porte se encuentran prohibidos, además establece nuevos requisitos para su inscripción, e incorpora nuevos tipos penales y agravantes a fin de actualizar el catálogo de delitos por infracción a la mencionada ley.

El parlamentario también detalló que la finalidad de la modificación a la ley es alcanzar una institucionalidad robusta para lograr un mayor control y seguimiento, la prohibición de la modificación de armas, la trazabilidad de estas y promover una tenencia responsable, que permitirá disminuir la cantidad de delitos violentos, contribuyendo a la tranquilidad ciudadana.

Finalmente, dijo que es importante que la reglamentación de la ley no implique una limitación de la tenencia legítima de armas para la defensa de las personas y su familia, de lo contrario, implicaría, bajo el título de control de armas, que las personas y familias de bien se encontrarían en una absoluta desprotección.

“En nuestro país hay sensación de temor e inseguridad que se incrementa luego que algunas voces y propuestas en la Convención Constitucional hablan con mucha liviandad de reemplazar a una institución que ha servido casi 100 años al servicio de la ciudadana y su protección como es Carabineros de Chile”, remarcó el senador José Miguel Durana.

Este miércoles, el Senado continuó la tramitación del proyecto que busca restablecer el voto obligatorio, una moción refundida -presentada en enero de 2020- que está en su segundo trámite constitucional y que se aprobó en general por 25 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, cumpliendo con los 3/5 de senadores en ejercicio que requería para avanzar.

El senador José Miguel Durana quien se manifestó en contra de esta iniciativa sostuvo que surge luego de procesos electorales en los cuales ha participado un porcentaje bajo de ciudadanos con derecho a votar y por ello, es necesario hacer un análisis en relación con la real necesidad de transgredir la libertad de los votantes a través de la imposición de una obligación.

“Tal es así que en los últimos procesos electorales el porcentaje de los ciudadanos que concurrieron a las urnas estuvo siempre por debajo del 50% y en el caso de la elección de convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, ese porcentaje apenas superó el 40%”, puntualizó el legislador gremialista.

En este sentido, argumentó que la obligatoriedad del voto contribuiría a que los grupos más “moderados” vayan a votar, y que otorgaría mayor legitimidad democrática a las autoridades electas, en un punto en donde no existen hoy los estudios que respalden esta posición que permita generar un aumento ni que disminuya la participación, ni que fortalezca a los partidos políticos y sus candidatos.  Todas esas variables suelen depender de otros factores.

“La pregunta que me hago es ¿la apatía ciudadana se modifica a través de la imposición de la obligación de ejercer el voto o si, el Estado y el Congreso debiera generar otro tipo de mecanismos para facilitar a los votantes participar de los procesos electorales?”, destacando el gran paso que se dio al privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación.

El senador Durana también lamentó que exista una ausencia en el debate público para modernizar los procesos electorales como el voto anticipado, el voto electrónico, el voto por correo, el voto a distancia por viaje a otra región del país, la consagración de más de una jornada de votación para un mismo proceso eleccionario, entre otros mecanismos que debiesen ser explorados.

“Primero busquemos alternativas que vayan en favor de la ciudadanía y su ejercicio democrático antes de imponer una obligatoriedad que va en contra de una libertad que le asiste a todos y cada uno de los ciudadanos chilenos como es el decidir votar o no hacerlo en las distintas instancias”, planteó el parlamentario UDI.

Finalmente, recalcó que la apatía ciudadana no refleja, necesariamente, una falta de compromiso con la democracia, sino el cansancio de los votantes con las instituciones que no responden a sus expectativas. “Este problema nos aqueja todos, nos compromete como legisladores, pero, responder a las demandas ciudadanas con la imposición de una obligación, aparece como ilógico e incluso prepotente”.

Tras recibir varias denuncias por tomas ilegales de terrenos fiscales en Arica, el senador José Miguel Durana pidió a la Sala del Senado se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales para que entregue un catastro de estos casos, como también solicitó se informe de las acciones que se están tomando para restituir estos sitios y evitar futuras tomas.

“En marzo de este año conocimos que la Corte de Apelaciones falló a favor de 100 familias que se habían tomado un terreno fiscal en el sector de Quebrada Encantada en Arica, pese a que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, había notificado a los usuarios el desalojo”, mencionó.

Agregó que, en el mes de junio de 2020, el municipio local se hizo presente en una toma de terreno del sector costero norte, por el daño ambiental irreparable que esta pudiera causarle al humedal del río Lluta, una zona que con el Plan Regulador será un área protegida por las especies que cohabitan en el lugar, ocasión en que solicitaron ayuda gubernamental.

Recordó también que la Seremi de Bienes Nacionales también se dispuso a restituir más de 400 hectáreas de terrenos fiscales ocupados de manera ilegal en el sector de Pampa Dos Cruces, camino conocido por unir a los valles de Azapa y Lluta, además de la conexión por ruta A-19 que conecta con la Ruta 11 CH camino al Altiplano.

“Parte de esas tierras están reservadas para la conservación de especies únicas en Chile, endémicas como la Tilandsia Marconada o Clavel del Aire, además del Lagarto de Poconchile, por lo que esa toma afectaba al ecosistema del sector”, puntualizó el legislador en horas de incidentes en la Cámara Alta.

Sostuvo que, de acuerdo con antecedentes recopilados, en general, los terrenos están demarcados con cercos divisorios por organizaciones u agrupaciones, con metraje no inferior a 5.000 metros cuadrados, otros presentaban viviendas menores, pero el rasgo común, es el cierre con palos y mallas, destinados al cultivo, la vivienda o simplemente hacerse de una propiedad.

“Lo que preocupa es que, en estas intervenciones efectuadas por las autoridades, muchos ocupantes declaran haber sido engañados por terceros, en actos que involucraron dinero a cambio de la propiedad, entonces se debe investigar quienes están dedicados a realizar estos ilícitos”, precisó el parlamentario ariqueño.

Finalmente, lamentó que no son hechos aislados, porque hay cientos de denuncias en redes sociales que surgen de la proliferación de tomas en terrenos fiscales e incluso la venta ilegal de los mismos en diversos sectores de Arica, en Las Llosyas y en los valles de Azapa y Lluta, por nombrar algunos sectores.

“En 2020, el Ministerio de Bienes Nacionales, entregó un catastro de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales que llegaban a 14 mil 256 a nivel nacional, lo que significa un aumento de 2,1% en comparación a las cifras de ocupaciones catastradas a diciembre de 2019 con 13.957 casos”, agregó.